Escaso avance para garantizar derechos a la tierra
Este 23 de agosto, la Coalición Internacional de la Tierra (ILC) de América Latina, presentó los resultados del Índice de Gobernanza de la Tierra – LANDex que dan cuenta de los avances de los países en relación a las garantías de los derechos sobre la tierra y la gobernanza de la misma.
La herramienta de LANDex mide con una puntuación de 0 a 100 la existencia de marcos legales, su aplicación y su impacto en una amplia gama de cuestiones relacionadas con la tierra. Esta herramienta coloca a las personas en el centro de los datos, democratizando la vigilancia de la tierra y construyendo un ecosistema de datos en el que todas las voces puedan ser escuchadas. Hasta ahora, la herramienta se ha aplicado en trece países de América Latina y el Caribe.
Los resultados indican que, aunque existen marcos jurídicos sólidos en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra, su aplicación sigue siendo deficiente en la mayoría de los países del estudio. Zulema Burneo, coordinadora regional de la ILC en América Latina y el Caribe, señaló que “la cuestión de la tierra y su gobernanza están en el centro de serios conflictos sociales y ambientales y de la vulneración de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, por lo que urge tomar medidas correctivas sobre este tema”. También agregó que “es claro que el estado de la gobernanza de la tierra en los países, es un indicador importante de la calidad de sus democracias”.
La situación de Nicaragua
Los resultados de LANDex para Nicaragua señalan que si bien hay un marco jurídico robusto alrededor de la tierra y que garantiza, en teoría, el derecho al acceso a la tierra a mujeres, al campesinado en general y a comunidades indígenas, principalmente de la costa Caribe de Nicaragua, existe también una brecha enorme entre el marco jurídico y el marco de políticas públicas que deberían de hacer posible la implementación de las leyes que favorece el acceso a la tierra.
Existen, por ejemplo, dos normas jurídicas específicas que evidencian esta brecha. Una es la Ley 717 o Ley Creadora de fondo para la compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales, aprobada en mayo del 2010, y a la fecha, el Estado no ha asignado fondos para la implementación de esta ley, tal como lo establece el artículo 3 de la misma.
La segunda es la Ley 445, o Ley de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, que si bien el Estado de Nicaragua avanzó en su implementación, no continuó con la última etapa, que es la etapa de saneamiento, es decir, resolver los problemas de ocupación de tierras indígenas de personas que no son nativos de las comunidades y que además argumentan tener documentos que les acreditan como dueños individuales de tierras, en tierras comunales donde la propiedad privada no es el modo de tenencia de la tierra.
La falta de cumplimiento de esta etapa de saneamiento de la propiedad comunitaria ha abierto la puerta a las invasiones por parte personas que no son parte de esas comunidades, no viven ahí, ni ha estado ahí, y que han invadido principalmente para la ganadería intensiva, la minería y el monocultivo. Tal situación ha llevado a secuestros, asesinatos y desplazamiento de los pueblos indígenas afectando su modo de vida y seguridad alimentaria.
En definitiva, el índice LANDEX señala que sin tierra para las mujeres, y sin la conclusión de la etapa de saneamiento pera las comunidades indígenas, no será posible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y la gobernanza de la tierra en Nicaragua.